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Business
Software Alliance (BSA), principal organización mundial
defensora del uso del software legal, inicia hoy una campaña de
concienciación dirigida a las empresas ubicadas en la capital
española. El propósito de esta campaña es concienciar e
informar sobre los riesgos del uso de software ilegal, dando a
conocer el marco legal que legisla y protege la Propiedad
Intelectual del Software.
Para
ello, un centro de información móvil de BSA recorrerá a
partir de hoy, y durante las próximas dos semanas, las áreas
de negocio más importantes de la provincia. Del 1 al 14 de
octubre, BSA estará presente en:
1,
2 y 3 de octubre. Zona de negocios Azca
4
de octubre. Polígonos de Alcobendas y Zona Empresarial Avda.
Europa
7
y 8 de octubre. Parque San Sebastián de los Reyes
9
de octubre. Getafe
10
de octubre. Gran Vía de Hortaleza
11
de octubre. Aluche
14
de octubre. Calles de Jorge Juan y Serrano
Para
Jordi Pons, Presidente del Comité español de BSA, “Desde
nuestro punto de vista, el principal factor a la hora de luchar
contra la piratería, es la concienciación. Los usuarios han de
darse cuenta de que el uso y la distribución de software ilegal
es un delito que acarrea importantes perjuicios para sus
empresas. Con esta iniciativa BSA pretende ayudar y asesorar a
las compañías en la adopción de buenas prácticas del uso de
software legal”.
Los
programas de ordenador son bienes inmateriales cuya protección
se enmarca dentro del Texto Refundido de la Ley de Propiedad
Intelectual, (Texto Refundido de la Ley de Propiedad
Intelectual, Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de Abril,
regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales
vigentes sobre la materia) concretamente en su artículo 10.1.i)
que menciona expresamente al programa de ordenador como objeto
de propiedad intelectual. Así mismo, el Título VII del Libro I
del citado cuerpo legal regula en los artículos 95 a 104 de
forma exclusiva los programas de ordenador.
En
España, el Ordenamiento Jurídico tipifica dentro del ámbito
Penal como delitos las infracciones contra la Propiedad
Intelectual del software. En los artículos 270 – 272 del Código
Penal de 1995 se recogen los delitos relativos a la propiedad
intelectual, en los que se prevén penas de privación de
libertad de hasta cuatro años, y hasta cinco años de
inhabilitación para el ejercicio de la profesión y multas de más
de 216.000 euros.
Según
un informe del Ministerio de Interior, Cataluña y Madrid, con
un 21% y 20% respectivamente, ocupan los primeros puestos con
respecto a la valoración de los productos fraudulentos
incautados por las Fuerzas de Seguridad del Estado, en materia
relativa a delitos contra la Propiedad Industrial e Intelectual.
Según
el último estudio sobre Piratería Global realizado por la BSA,
y presentado el pasado mes de junio, la mitad de los programas
de software que funcionan en los ordenadores españoles son
“piratas” es decir, copias ilegales. En concreto, el 49 por
ciento del software que se utilizó en España durante el año
2001 tuvo un origen ilegal. Estas cifras colocan a
España
a la cabeza de la piratería informática dentro de la Unión
Europea, solamente precedida por Grecia, cuyo índice asciende
al 64 por ciento.
Otro
estudio europeo encargado por BSA, y realizado por Ashdown Group,
revela que la flexibilidad y la falta de políticas
empresariales acerca del uso de Internet en las PYMES europeas
pone en peligro a un 40% de los negocios. La inexistencia de
unas directrices serias sobre las descargas de programas de
Internet, y las acciones ilegales de los empleados, pueden
acarrear para las PYMES sanciones asociadas con el uso de
software ilegal.
La
investigación también revela la escasa meticulosidad de los
españoles a la hora de comprobar sus licencias de software:
solamente el 30% lo hace trimestralmente, un 14% cada seis meses
y un 26% revisa su software anualmente. El 32% admite que nunca
ha comprobado sus licencias o que desconoce este asunto.
En
España, BSA cuenta con una línea telefónica de información y
denuncias: 900-211-048 y una página web, http://www.bsa.org/es
para atender cualquier tipo de consulta en relación con la
campaña contra la piratería informática.
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