El fallo posibilitaba a cualquier usuario modificar la información de 900 carpetas clasificadas.

Un agujero de seguridad en la red informática judicial de la Generalitat de Valencia permitió el pasado fin de semana el libre acceso a archivos informáticos clasificados de varios juzgados y otros órganos de la ciudad de Valencia, España, según denunció la sección sindical de Justicia de Comisiones Obreras. Esta vulnerabilidad permitía no solo que cualquier usuario pudiera leer los datos contenidos en los archivos sino también modificar la información contenida en 900 carpetas de distintos procesos judiciales, entre ellas, todas las terminales de la jurisdicción penal de instrucción, las de primera instancia de lo civil, los dos juzgados de menores así como su fiscalía, los dos de registro civil, el de vigilancia penitenciaria y hasta los programas de la gestión informática.

Lo grave de este caso es que se ha vulnerado toda la legislación vigente en materia de protección de datos personales y la ley española de protección de la intimidad personal y familiar sin haber tenido que recurrir a sofisticadas herramientas informáticas de "hacking". Además, existe la posibilidad de que no sólo los que trabajan en la Administración de Justicia hayan tenido acceso a dichos datos, sino incluso personas ajenas por completo a la Administración. Varios sectores han criticado la gestión de los sistemas informáticos que se está llevando a cabo en las redes de la Administración de Justicia española, alegando que, en la mayoría de los casos, todo el sistema operativo y la gestión de dicha red informática se está llevando a cabo a través de una empresa privada y haciendo uso de un software comercial. Tras el aviso dado por los propios funcionarios y algunos jueces, se está procediendo los últimos días para subsanar el fallo de seguridad.