Los usuarios de la Red pagan más de billón y medio de pesetas al año por los correos publicitarios, según la Comisión Europea.

La Asociación de Usuarios de Internet (AUI) ha propuesto un texto alternativo al Anteproyecto de Ley para la Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico, en lo referente a las comunicaciones comerciales no solicitadas o spam. La propuesta se concreta en la modificación del título III de esta ley española y ha sido entregada a la Agencia de Protección de Datos, al Ministerio de Ciencia y Tecnología y a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT).

La propuesta de la AUI (www.aui.es) señala como ilícito "cualquier envío comercial que no tenga una autorización previa del usuario y una autorización será válida siempre que se indique claramente que se van a producir estos envíos en el momento en el que se le solicita al usuario su correo electrónico. Además la autorización ha de ser explícita". Tal y como señala el presidente del organismo, Miguel Pérez Subías, con la legislación actual "cualquier persona puede conseguir en unas horas cientos de miles de direcciones de correo y enviarles lo que quiera indicando que es publicidad".

El Anteproyecto de Ley indica que toda comunicación comercial será siempre legal cuando recoja la palabra publicidad o "publi" al inicio y puede ser remitida siempre que no exista oposición explícita por parte del receptor, lo que en opinión de la AUI dará carta de legalidad al envío masivo de spam o correo basura. Además, la asociación sugiere que la ley incluya un mecanismo sancionador para las reincidencias del infractor y que añada un mecanismo de baja de la lista de distribución, contestando al correo recibido.

Esta propuesta ha coincidido con la publicación de un estudio elaborado por la Comisión Europea, que pone de manifiesto que los usuarios de la Red pagan sin saberlo más de billón y medio de pesetas al año por el spam, en concepto de gastos de conexión a los proveedores de acceso por el tiempo que cuesta descargar los correos basura. El ejecutivo europeo estudia reformar la legalidad vigente en materia de protección de datos y la posibilidad de añadir el método opt-in, con el que el usuario ha de manifestar formalmente que desea recibir mensajes publicitarios.