Ayer fueron los representantes de Kriptópolis quienes expusieron, junto con la Asociación de Internautas de España, su postura ante tan controvertido anteproyecto que ha creado el mayor debate que jamás ha conocido la Red española. Carlos Sánchez Almeida, abogado y miembro de la revista de seguridad, informaba a los miembros de la Comisión de los riesgos para la libertad de expresión que entrañaría la puesta en marcha de la LSSI. Para Sánchez Almeida la actual redacción del anteproyecto "convierte Internet en un gueto y la excepción en norma" al regular aspectos como el suministro de contenidos on-line. Desde Kriptópolis la filosofía que debe imperar es la que describía la segunda conclusión del informe final de la Comisión Especial sobre Redes Informáticas, que se constituyó la pasada legislatura, que designa la libertad como "una condición inherente a la Red que no podrá ser restringida por ningún poder público ni privado" con el único límite de los Derechos Humanos. Además, el abogado opinó que antes de regular Internet se debe aplicar el Código Penal para perseguir casos de estafas y de pornografía infantil. En esta línea, recordó que los cuerpos de seguridad se ven incapaces de enfrentarse a este tipo de delitos por falta de medios técnicos y económicos, así como por la ausencia de una Fiscalía Especial de Delitos Informáticos.

Por otro lado, Sánchez Almeida opina que el poder judicial deber ser el único que tenga capacidad para intervenir un site y no la autoridad administrativa, como refleja el anteproyecto en cuestión. En palabras del abogado, "no existe el concepto de Sociedad de la Información, sólo hay una sociedad y lo que rige ésta debe regir en Internet". No puede ser que un ISP se autocensure y no cuelgue determinados contenidos en la Red por temor a una gran multa, añadía.

La intervención de Sánchez Almeida contó con la aprobación del Partido Socialista. Uno de sus senadores, Félix Lavilla, dijo que España no debe aprobar una legislación que restrinja las libertades en la Red.

Muy diferente fue la reacción del Partido Popular, actualmente en el poder, ante las palabras del representante de Kriptópolis. La portavoz popular en la Comisión, Lucía Delgado, respondió a las críticas recibidas relacionadas con el tema de la censura, alegando que el texto del anteproyecto no recoge ninguna atribución a los órganos administrativos ni a las autoridades más allá de las que contemplan las leyes tradicionales. Además, apuntó que la LSSI hace un llamamiento a una salvaguarda de los derechos fundamentales, como la intimidad personal y familiar o la libertad de expresión. Por otro lado, la senadora explicaba que la normativa se refería sólo a los servicios que desarrollen una actividad económica y que no afecta a las páginas personales de los usuarios.

Ayer también se pudo escuchar en el Senado a la Asociación de Internautas (AI). Ante la Comisión comparecía el abogado Pedro Tur, quien coincidió con Sánchez Almeida en la necesidad de que la intervención de los contenidos de un site requiera un auto judicial. Además propuso la creación de un órgano consultivo, una comisión sobre las libertades en Internet, compuesta por personas independientes y a disposición de la Administración cuando se plantee la necesidad de tener que censurar determinados contenidos o bloquear el acceso a algún tipo de servicio on-line. Por otro lado, la AI considera que la autorregulación de Internet es un mito puesto que es un sistema que sólo sirve entre iguales. Una relación que no se da entre internautas y ISP´s puesto que los primeros son los destinatarios de los servicios que ofrecen estos últimos, a quienes se puede considerar los "dueños de Internet".

En definitiva, unos granitos de arena más para engordar el enorme saco que contiene quejas, elogios y demás palabras vertidas sobre el anteproyecto de ley más polémico de la Red y no es para menos porque con él se aprobará el modelo de Internet que regirá España.