| El
convenio internacional contra los delitos en la Red que ha
promovido el Consejo de Europa junto con otras naciones como
EEUU verá la luz el próximo otoño y pondrá más impedimentos
a los ciberdelincuentes para llevar a cabo sus acciones. Esta
fecha fue anunciada ayer en una conferencia en la Universidad
Politécnica de Cataluña en España pronunciada por Peter
Csonka, responsable de la dirección general de asuntos
jurídicos del Consejo de Europa. Éste indicó que el proyecto
de convenio será sometido a dictamen en la asamblea
parlamentaria del Consejo, no vinculante, entre abril y mayo.
Tras todos estos trámites el texto será debatido por el
comité de ministros a principios de verano.
Son los pasos necesarios para que el texto, vinculante para
las naciones que lo suscriban, armonice los marcos legales de
los 41 países miembros del Consejo de Europa, además de los
Estados Unidos, Canadá, Japón y Sudáfrica, para hacer un
frente común contra todos los delitos que se comenten día a
día en la Red, además de en los sistemas informáticos de todo
el mundo.
El acuerdo va a otorgar una mayor fuerza a la policía de los
estados miembros, otorgándoles una serie de competencias sobre
la Red que ya han sido criticadas por los defensores de la
privacidad y los proveedores de servicios de Internet. Por
ejemplo, los policías podrían forzar a las empresas y
servidores de Internet a conservar datos de divulgación,
tráfico y conexión, para poder rastrear el origen de un ataque
pirata; acción que en Francia y Bélgica se está planteando
como obligación, dando a esta conservación un plazo de entre
uno y 3 años. Peter Csonka ha respondido a las críticas
apuntando que "existen garantías claras en el texto",
para que todos estos mecanismos se empleen sólo en caso de que
existan indicios de delito.
El documento fijará un marco general que unificará
criterios para perseguir los ciberdelitos, estableciendo qué
pasos deberán seguir los investigadores en el ejercicio de su
labor, permitiéndoles el embargo de datos y material
informático, la recogida de informaciones on-line en tiempo
real y la interceptación de comunicaciones vocales o escritas
entre PC's, bajo mandato judical. |
