El acusado utilizó la dirección de Internet del Chase Manhattan Bank para ofrecer servicios de evasión de impuestos.

El juzgado número 32 de Madrid ha hecho pública esta semana la primera sentencia con pena de cárcel por un delito de usurpación de marca en Internet. El fallo condena al español José Francisco Jiménez Criado a 15 meses de prisión por utilizar la marca de la importante entidad bancaria de los Estados Unidos Chase Manhattan Bank. El gigante de las finanzas ha conseguido tras dos años de litigio que los tribunales le respalden, "es una sentencia importante porque es la primera vez que se castiga así en España una usurpación de marca con la utilización de un dominio de Internet", tal y como han señalado al diario El Mundo Luis Jordana y Olga García, los abogados del bufete Cuatrecasas, que han defendido a la compañía americana.

El condenado se apropió del dominio de Internet del Chase Manhattan Bank, chase-manhattan-group.com, repartiendo tarjetas con éste, mencionándolo en anuncios en medios de comunicación. Además Jiménez redireccionaba a los posibles interesados en sus servicios a su propia dirección de correo o teléfono.

Lo peor de todo el caso son precisamente eso: los servicios que el condenado ofrecía, respaldado por la imagen de la firma bancaria. Se trataba de servicios tales como la creación de cuentas bancarias secretas y sociedades libres de impuestos en Europa, USA y otros países, el cobro de dividendos sin retención o refacturaciones, la confección de pasaportes de nacionalidades desconocidas para la Policía española o el mecanismo más apropiado para evitar un embargo por un procedimiento de divorcio. En definitiva, actuaciones no muy legales que nada tienen que ver con las actividades del afamado Chase Bank.

Jiménez dice trabajar para una empresa americana denominada Amerinvest, que representa en España la dirección chase-manhattan-group.com y ofrece desde la misma sus variados servicios de evasión de impuestos. La firma Amerinvest ha llegado a amenazar al Chase Manhattan Bank con una denuncia por daños y perjuicios, alegando que la dirección que representa está debidamente registrada.

La sentencia obliga a Jiménez a pagar también 900.000 pesetas en concepto de multa, cantidad que será realmente fijada cuando la sentencia sea firme y que el fiscal pide que suba hasta los 50 millones de pesetas.