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Más del 95 por ciento de las pymes españolas no ha dado de alta sus ficheros en la Agencia de Protección de Datos pese a que el próximo día 26 finaliza el último plazo para adoptar las medidas de seguridad oportunas

Según recoge la agencia de noticias, Europa Press, las Cámaras de Comercio españolas advirtieron el pasado día 5 que más del 95 por ciento de las pymes no ha dado aún de alta sus ficheros en la Agencia de Protección de Datos (APD), como exige la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal (LORTAD).

Según sus datos, tan sólo 167.147 empresas con actividad privada cumplen esta normativa, que obliga a registrar en la APD todas aquellas bases de datos que contengan información de carácter personal, como ficheros de clientes o, incluso, las nóminas de los empleados.

Las Cámaras alertan a las pymes de este hecho, ya que el incumplimiento de la normativa puede acarrear graves sanciones que oscilan entre los 60.000 y los 600.000 euros. Así, las infracciones leves, como no registrar los ficheros o no adoptar medidas de seguridad como cerraduras o códigos en los ordenadores se sancionan con multas de 600 a 60.000 euros, mientras que las faltas graves, como recoger datos personales sin consentimiento de los afectados, están multadas entre 60.000 y 300.000 euros, pudiendo llegar a los 600.000 euros en caso de infracciones muy graves.

El organismo indica también que el próximo 26 de junio acaba el plazo para adoptar acciones de seguridad de los ficheros calificados de 'nivel alto', que incluyen datos de ideología, religión, creencias, origen racial, salud o vida sexual. Esta información debe cumplir una serie de medidas excepcionales para que no puedan ser manipulados por terceros.

Además, tanto en el nivel superior como medio, los sistemas de información y las instalaciones de tratamiento deben someterse, cada dos años, a una auditoría interna o externa, que verifique el cumplimiento de la normativa. El informe deberá dictaminar sobre la adecuación de las medidas y controles, identificar sus deficiencias y proponer las medidas correctoras.