En el caso instruido por el Juzgado de Instrucción 14 de Sevilla (España), Business Software Alliance (BSA) solicita que se condene a un año de prisión a cada una de las veinte personas implicadas en la "Operación Alameda", por un delito que atenta contra la Propiedad Intelectual. La "Operación Alameda" es un dispositivo especial de la Guardia Civil puesto en marcha en 1998 para acabar con la actividad ilícita de copia, distribución y venta de software sin la debida autorización de los titulares de los derechos de explotación en el mercado de La Alameda de Hércules, en Sevilla.

A través de las diligencias de entrada y registro practicadas por la Guardia Civil en enero de 1998, se procedió a la detención de los acusados, hallándoles en sus domicilios discos ópticos con programas de ordenador, obras multimedia y bases de datos sin autorización de las compañías que ostentan los derechos de explotación.

La Operación Alameda también permitió la incautación de abundante material informático para la realización de las copias, donde destacan nueve torres de ordenador, 24 ordenadores, escáneres, y otros útiles informáticos que fueron decomisados en los distintos registros domiciliarios practicados.

Además de las penas indicadas, BSA solicita para los 26 procesados por este delito contra la propiedad intelectual el pago de las indemnizaciones en compensación a los perjuicios causados a las empresas afectadas, así como una indemnización por daños morales por la cuantía global de 60.000 Euros.

En España, el Ordenamiento Jurídico también tipifica dentro del ámbito Penal como delitos las infracciones contra la Propiedad Intelectual del software. En los artículos 270 - 272 del Código Penal de 1995 se recogen los delitos relativos a la propiedad intelectual, en los que se prevén penas de privación de libertad de hasta cuatro años, y hasta cinco años de inhabilitación para el ejercicio de la profesión y multas de hasta 216.000 euros.

BSA ha cerrado el primer trimestre de 2003 con un total de 93 acciones legales contra empresas españolas por supuestas actividades ilícitas contra la Propiedad Intelectual del Software. Asimismo, y en lo referente al canal de distribución informática, BSA ha remitido a la Policía Nacional un total de 62 casos de empresas que presuntamente vulneran los derechos de Autor y de Propiedad Intelectual del software.

Según datos de BSA, la mitad de los programas de software que funcionan en los ordenadores españoles son piratas es decir, copias ilegales. En concreto, el 49 por ciento del software que se utilizó en España durante el año 2001 tuvo un origen ilegal, lo que se traduce en unas pérdidas de más de 113 millones de € para la industria tecnológica local. A pesar de haber bajado dos puntos porcentuales con respecto al año anterior, estas cifras colocan a España a la cabeza de la piratería informática dentro de la Unión Europea, solamente precedida por Grecia, cuyo índice asciende al 64 por ciento.

En España, BSA cuenta con una línea telefónica de información y denuncias, 900-211-048 y una página web, http://www.bsa.org/es para atender cualquier tipo de consulta en relación con la campaña contra la piratería informática.