La noticia no hace más que caldear aún más el ambiente en España, tras el caso de la brecha de seguridad detectada en los routers ADSL de la firma Telefónica Data, cuya información de clientes podía consultarse desde la Red. La denuncia fue llevada a cabo por el grupo "Las Marsopas Comunistas", que la pasada semana publicó en un foro de Internet que no se trató de un fallo de seguridad, sino de un error de la firma, ya que la base de datos era accesible desde la Red sin necesitarse contraseña ninguna, con tan sólo marcar una dirección IP.

Aunque los casos no guardan relación entre sí, lo que se percibe es una reacción en la sociedad ante este tipo de problemas. De este modo, el senador Félix Lavilla del Partido Socialista PSOE, instó el pasado viernes a la ministra de Ciencia y Tecnología, Anna Birulés, a la puesta en marcha de un plan de seguridad en Internet, ya solicitado por la Cámara Alta el pasado 20 de febrero.

España no es el único país donde este tema es actualidad, ya que en Nueva Zelanda la nueva legislación anti-hacking a abierto el debate privacidad versus vigilancia policial. La nueva ley endurece las penas y otorga mayores poderes a los investigadores. Por otro lado, en Estados Unidos el Senado aprobó la semana pasada una reforma legal que podrá impedir a las empresas en bancarrota vender las bases de datos de sus clientes a otras firmas, tal y como está a punto de hacer el fallido portal político voter.com. Éste planea vender una lista de 170.000 direcciones de e-mail, junto con la afiliación política de los afectados y sus aficiones.