Una cosa está clara, en situación de crisis, manda más el corazón que la cabeza y eso es lo que está ocurriendo en EEUU. Tras los atentados perpetrados el pasado martes día 11, con los que quedó más que en entredicho la seguridad nacional del país norteamericano, ahora llegan las medidas represivas que las autoridades ven como única solución para que actos como aquellos no vuelvan a suceder. La opinión pública, no sólo estadounidense, está dividida entre los que están más que dispuestos a ceder una parte de su libertad por defender a la nación y los que no ven como bueno recortar la privacidad de los individuos para favorecer la seguridad nacional.

La situación, lejos de solucionarse parece que va para largo. Ya la semana pasada se agravó cuando el Senado hizo público la serie de medidas que había redactado, bajo el nombre de "Combating Terrorism Act of 2001", una nueva ley antiterrorista que viene a limitar las libertades en la Red. De momento, el Gobierno norteamericano ha recibido tanto muestras de apoyo como quejas, la última de estas protestas ha sido protagonizada por la organización no gubernamental Reporteros Sin Fronteras (RSF) que ha enviado una carta al Senado y a la Cámara de Representantes en la que apunta que la emoción legítima provocada por los atentados no debe provocar una revisión de las libertades garantizadas por la primera Enmienda de la Constitución americana. Además, el escrito también refleja la preocupación de la organización ante la posibilidad de que las autoridades ilegalicen los programas de encriptación que permiten salvaguardar la confidencialidad e intimidad de las comunicaciones electrónicas. De hecho, el Gobierno ya dio luz verde al FBI para que, horas después de los atentados, se personase en las oficinas de los principales proveedores de acceso a Internet e instalaran programas "Carnívoro", un software que permite interceptar las comunicaciones de los clientes. Por su parte, los ISP´s se han defendido alegando que no han tenido que los datos de sus usuarios no se han visto vulnerados en ningún momento.

Por otro lado, un grupo de activistas tecnológicos también se han reunido para hacer saber a diputados y senadores norteamericanos que se deben respetar, incluso en tiempos de guerra, las libertades consagradas en la Constitución, incluida la protección a la privacidad. En esta línea, Rob Carlson, uno de los miembros del grupo que incluye administradores de sistemas y programadores de código abierto, ha criticado que el Congreso vote leyes contra el terrorismo que amenacen la privacidad de los ciudadanos del país. El objetivo principal de los activistas informáticos no es otro que defender las libertades civiles y prepararse, si es necesario, para una ardua "lucha" contra el Capitolio.

En definitiva, defensores de la privacidad versus protectores de la seguridad nacional se seguirán viendo las caras en una dura batalla, que ya viene enfrentándoles hace tiempo. Pero, ahora parece ser que la balanza se inclina del lado de las autoridades gubernamentales que tienen a su favor a los miles de muertos, víctimas de los tristes sucesos acontecidos la semana pasada en Nueva York y Washington.

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