La férrea disciplina se dirige a los que divulguen secretos del país y a los disidentes políticos. 

El Tribunal Supremo Chino ha sido tajante y advierte muy seriamente a los hackers de su país, que la divulgación o robo de documentos del estado desde la Red tendrá una condena que puede variar entre diez años de cárcel y la pena capital. Susceptibles de recibir estos castigos serán todos aquellos "implicados en actividades de espionaje, que roben, descubran, compren o divulguen secretos de estado".

El Tribunal ha querido hacer hincapié en el delito de espionaje en la Red, ya que los criminales, además de recibir una condena o castigo ejemplar, verían sus bienes confiscados. Este organismo ha clasificado tres campos en los que la vigilancia y rigor por parte de las autoridades van a ser extremos: la información de alta seguridad, los secretos estatales y la información relativa a la seguridad del país y sus intereses.

Con esta normativa se completa el estricto panorama legal en lo relativo a los delitos de piratería informática desde la Red. Ya el pasado mes de diciembre el Parlamento Chino promulgó una reglamentación, con el fin de atajar el uso de la Red con fines criminales o no lícitos, pero enfocada sobre todo en contra de la disidencia política. 

Es aparentemente China el país con mayor preocupación sobre el hacking en la Red, pero su preocupación parece más enfocada al terreno político, censurando y vigilando los contenidos de las webs para atacar cualquier tipo de información antiestatal. El anuncio de estas nuevas medidas legales se produce precisamente cuando el secretario de las Naciones Unidas, Koffi Annan, se encuentra de viaje por el gigante asiático.

Además, el comité permanente de la Asamblea Nacional Popular ha establecido un listado de actividades ilegales, entre las que se encuentran la infiltración de documentos relacionados con el estado, la defensa o las tecnologías punta y la difusión de virus informáticos.