Más de 20.500 internautas han acudido desde el sábado al web de la "Campaña de Seguridad en la Red" para descargar el programa "PeerGuardian", que "impide el espionaje" al permitir bloquear todas las direcciones IP solicitadas, después de que se conociera hace unos días la noticia de la demanda interpuesta por casi cuarenta empresas españolas de software contra los usuarios españoles de redes de intercambio de archivos P2P y de la que dábamos cuenta en VIRUSPROT.COM.

Además, desde la tarde del viernes 18 hasta la madrugada del 23, más de 200.000 usuarios han visitado las páginas de la campaña de la Asociación de Internautas (AI), lo que supone "prácticamente la misma cantidad que durante toda el mes y medio que lleva transcurrida la campaña", según explicó el presidente de la AI, Víctor Domingo, en declaraciones a Europa Press.

A juicio de la asociación, los internautas han acudido a la campaña en busca de "información, asesoramiento y utilidades para preservar la privacidad de sus comunicaciones, la intimidad en la navegación de las miradas ajenas y la protección de sus ordenadores de intrusiones indeseadas" especialmente desde que la firma de abogados Landwell-PricewaterhouseCoopers afirmara que había estado haciendo un seguimiento de la actividad de multitud de usuarios P2P, algo que muchos, entre ellos Comfia-CCOO, han calificado de ilegal y que vulnerable el derecho a la privacidad de todo ciudadano recogido en la Constitución española.

La Asociación también hizo un llamamiento a la comunidad internauta para que "adopte, con la más absoluta normalidad", las medidas de seguridad que la Red proporciona. "Así podremos evitar el espionaje, sin autorización judicial, de nuestras comunicaciones electrónicas, y los intentos de violación de los derechos fundamentales", añadió y lamenta que "se utilice la Red criminalizándola innecesariamente para conseguir determinada notoriedad o fines meramente crematísticos".

Por otra parte, la Asociación de Usuarios de Internet (AUI) ha manifestado su disconformidad con la acción iniciada por Javier Ribas, miembro hasta el momento de la Junta Directiva de la Asociación y socio de Landwell, y defiende la libertad de intercambio on-line entre los particulares, algo en su opinión, compatible con el respeto a los derechos de los creadores de contenidos audiovisuales.

Así, esta organización no ve con buenos ojos culpar a los usuarios de "las malas prácticas de un pocos que quieren hacer negocios a costa del trabajo de los demás y menos si para ello se vulneran el derecho a la intimidad y a la privacidad recogidos en la Constitución". Una opinión con la que se ha mostrado de acuerdo la Brigada de Investigación Tecnológica de la Policía, organismo al que Landwell presentó los resultados de su supuesta investigación delictiva, quien afirmaba al diario "El Confidencial" que "las descargas de P2P son perseguibles sólo si el usuario pretende enriquecerse con ellas".

De momento, lo que si se saba es que no existe pronunciamiento alguno de los Tribunales de Justicia. Ya veremos en que queda todo esto...