El espionaje cibernético siempre ha tenido detractores y defensores. Los primeros ven como este tipo de prácticas pueden suponer, entre otros aspectos, una intromisión en los derechos de privacidad de las personas. Mientras, los que lo defienden opinan que es muy eficaz para desarrollar una política efectiva que luche contra el crimen on-line y recoja información útil para los servicios de inteligencia de los países.

Ya es larga la lista de países que disponen de un sistema de espionaje de estas características, ahora le toca el turno a Nueva Zelanda que ha visto como una comisión parlamentaria aprueba un proyecto de ley que autorizaría a los órganos de seguridad del país a interceptar el contenido de los e-mails. El informe que se ha presentado en el Parlamento, supervisado por la Comisión para la Ley y el Orden, recoge que "esta modificación fortalecerá la protección de la privacidad y no significa un incremento sustancial del poder del estado en lo que se refiere a la intromisión en la privacidad de las personas".

La propuesta también modificaría la Ley Penal de Nueva Zelanda. En este sentido, se considerarían ilegales las prácticas de los hackers y los ataques de denegación de servicio, pero también otorgaría exenciones a los organismos de seguridad del país. Paul Swain, principal impulsor de este proyecto de ley, ha señalado que con las nuevas medidas se fortalecerá la privacidad de los neocelandeses puesto que se declarará ilegal el hackeo. Sin embargo, en su opinión es necesario otorgar exenciones a los órganos de seguridad para que puedan atrapar a los delincuentes que se sirvan de las nuevas tecnologías para cometer sus actos.

Pero a la nueva ley ya le han surgido detractores, incluso dentro de la propia Comisión. Keith Locke, parlamentario neocelandés por el Partido Verde, ha mostrado su descontento más rotundo. En este sentido, Locke ha acusado a la Comisión de no valorar todos los factores y sólo interesarse por las opiniones de los órganos policiales dejando a un lado el tema de las libertades civiles. Afirmación que apoya Michael Bott, secretario del Consejo de Nueva Zelanda para las Libertades Civiles, quien ha afirmado que "ya no nos vigilará el Gran Hermano sino el Gran Navegador". No obstante, el proyecto todavía deberá pasar por tres debates más antes de ser sometido a votación para convertirlo en ley.

Por su parte, estos días también ha sido noticia el programa Carnívoro del FBI que como ya se sabe busca información husmeando los correos electrónicos privados. Representantes de la Cámara de EEUU han pedido al FBI que cuente cómo utiliza el tan polémico programa y, además, le exigirán que redacte un informe anual aclarando el uso que se le da al mismo. Además, la agencia debe revelar los nombres de las personas que estén autorizadas y qué clase de informaciones se han descubierto gracias a Carnívoro. En resumidas cuentas, la agencia tendrá que contar al detalle todos y cada uno de los secretos que envuelven a este programa de ciberespionaje que tantos enemigos tiene entre grupos de defensa de las libertades civiles y legisladores. La medida de control se ha tomado buscando mejorar las operaciones que desarrolla el Ministerio de Justicia pero ahora debe ser aprobada por la Casablanca y el Senado.