El FBI le ha declarado la guerra al software de encriptación. Según los responsables de la seguridad de los ciudadanos norteamericanos, es crucial que las autoridades puedan cuando lo deseen intervenir cualquier intercambio de información que se produzca electrónicamente. Ésta sería, al parecer, la única medida que podría evitar que hechos como los acontecidos el pasado día 11 vuelvan a producirse. No obstante, no se pide que se prohíban los programas que convierten en seguras las comunicaciones de los internautas sino, simplemente, que éstos incluyan una "llave" que permita que los agentes policiales, sin previo aviso, puedan acceder al contenido de los mensajes electrónicos personales que se transmiten a través de Internet.

A favor y en contra de tan particular medida se encuentran políticos, defensores de las libertades y ciudadanos. Si hace unos días, informábamos de que cerca del 75% de la población norteamericana estaba de acuerdo en que se vigilarán sus e-mails, ahora que la tragedia va quedando atrás, son cada vez más las voces que se oponen a que se sacrifique la libertad de expresión y el derecho a la privacidad por la seguridad nacional. Además, se están analizando las repercusiones económicas que supondría el que los programas de encriptación permitieran el acceso a terceros. Por poner un ejemplo, el comercio electrónico sería el gran perjudicado justo ahora que parece que empieza a despegar el vuelo. No se pueden obviar que, en determinadas ocasiones, hay razones que precisamente por seguridad nacional tienen que gozar de una disponibilidad absoluta de programas de encriptación fuerte. Este es el caso de los llamados objetivos vitales como plantas de electricidad y energía atómica que utilizan la tecnología de cifrado para proteger los sistemas e informaciones de ciberataques que podrían causar incluso más daños que los atentados cometidos el pasado día 11 en el país norteamericano puesto que se consideran los pilares de la seguridad doméstica.

En esta línea se expresa Bill Crowell, miembro de la Agencia Nacional para la Seguridad, quien afirma que el peligro de debilitar la encriptación es que la seguridad nacional se puede volver todavía más débil. Además, Crowell aseguraba que no había ninguna indicación que hiciera pensar que la Administración estaba pensando seriamente en llevar a cabo este tipo de medida.

Por otro lado, colectivos en defensa de la libertades civiles de todo el mundo se muestran reacios a la respuesta del Gobierno de Bush puesto que creen que se ha aprovechado los tristes acontecimientos para aprobar unas leyes mucho más restrictivas y así poder controlar todo el grueso de la información que circula por la Red.

Sea como fuere, una vez más el debate está servido y todo lleva a pensar que no se puede llegar a un consenso en el que Internet y los principios en los que se sustentan no salgan perjudicados.

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