| La
Agencia de Protección de Datos (ADP) en España ha multado con
20 millones de pesetas a la firma Terra por la fuga de nombres y
contraseñas de 3.000 clientes de los servicios del portal,
producida el pasado mes de agosto y que provocó que todos estos
datos críticos estuvieran colgados en Internet a disposición
de cualquiera, tal y como informó ayer el canal de televisión
Telecinco. Esta fuga fue muy grave, ya que con los passwords
expuestos se podía acceder a todos los datos personales de los
usuarios, incluso cuentas bancarias y DNI, además de leer sus
correos, modificarlos o cargar compras a las cuentas de éstos.
A todas luces parece una multa un poco escasa y es la segunda
que la APD impone contra el grupo español de
telecomunicaciones, que aseguró en su día que el error no se
debió a un fallo de seguridad en sus servidores tras investigar
el asunto. La primera multa de la ADP al grupo fue de de 10
millones de pesetas, impuestos a Telefónica España por un
agujero de seguridad en su sistema de facturación on-line que
permitió el acceso a los datos de sus clientes desde la Red.
Al tiempo que Terra se enfrenta a esta mala noticia,
responsables de Invertia.com, el portal financiero de Terra
Lycos pirateado este fin de semana, han iniciado una
investigación sobre lo sucedido junto con la policía
española. Se sospecha que el autor del hackeo "El
Observador Spain", puede ser un empleado de la firma, ya
que su objetivo, según se manifiesta en algunos sites de la
Red, era descubrir los agujeros de seguridad en Invertia y
"hundir Terra", pero no apropiarse de información
estratégica.
No son buenos tiempos para la protección de los datos de los
internautas en España, sobre todo cuando se ha hecho público
que el 30 por ciento de las tiendas de comercio electrónico
remiten a los usuarios a la Ley Orgánica de Regulación y
Tratamiento Informatizado de Datos (LORTAD), tal y como ha
revelado un estudio de la firma Baquía Inteligencia. Lo grave
del caso es que en materia de protección de datos esta
legislación se encuentra derogada desde 1999 por otra
normativa: la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter
Personal. |
