Desde el día 11 de septiembre las empresas fabricantes de tarjetas de identidad han registrado un fuerte aumento en el interés de los gobiernos de todo el mundo por adoptar esa tecnología para identificar a sus empleados. El último en unirse al carro ha sido el Departamento de Defensa de EEUU que ha hecho un pedido de 4,3 millones de tarjetas para sus militares. Una medida con la que se pretende mejorar la seguridad en accesos a edificios y a redes informáticas y cuya implantación culminará dentro de 18 meses. Además, el Departamento también ha informado que la cantidad podría elevarse hasta 23 millones si finalmente se concreta el plan de ampliarlas a familiares, personal retirado y contratistas.

Las llamadas "tarjetas inteligentes", muy similares a las de crédito, combinan una franja magnética y un código de barras con un chip informatizado plano e invisible. Ahora más que nunca, el futuro del sector está asegurado, cabe destacar que ya a lo largo del año pasado la industria del ramo vendió 600 millones de tarjetas.

Por otro lado, continúa la polémica ante las medidas anunciadas por el Gobierno estadounidense que permitirían al FBI reconducir el tráfico de la Red hacia servidores centrales donde revisiarían todos los mensajes de correo electrónico. La medida, destinada a luchar contra el terrorismo, ha sido calificada por las asociaciones de usuarios de Internet como "demencial" e "infernal". Tanto la Asociación de Internautas (AI) como la Asociación de Usuarios de Internet (AUI) la consideran inviable puesto que la legislación de EEUU se contrapone a la europea. En concreto, en el caso español una decisión de esa magnitud atentaría contra el Código Penal, puesto que las leyes equiparan el delito de manipulación del e-mail con el de correo postal.

Según el presidente de la AI, Víctor Domingo, hay que distinguir entre seguridad y derechos civiles de las personas. Además, según él, la iniciativa plantearía dudas en relación con la encriptación de los mensajes. Como respuesta a la posible medida del FBI, la Asociación de Usuarios ya ha decidido trasladar el servidor de su site, de nacionalidad estadounidense, a pesar de que el servicio en España puede resultar hasta 10 veces más caro.

Por su parte, Miguel Pérez Subías, presidente de la AUI, se muestra a favor de la interceptación del correo electrónico pero sólo en el caso de que haya indicios de delito y se cuente con una orden judicial. De no ser así, según apuntaba Pérez Subías, se estaría vulnerando el Código Penal.

Por otro lado, se siguen recogiendo ataques a sites protagonizados por piratas de distintos bandos. En esta ocasión, el asalto se ha producido a un site del Gobierno norteamericano y los responsables han sido unos hackers paquistaníes que, además, han amenazado con transferir información confidencial a la organización terrorista Al Qaeda, en el caso de que EEUU no cumpla con sus peticiones. Entre éstas cabe destacar exigencias como retirar las tropas de Arabia Saudí, anunciar el fin de los bombardeos en Afganistán y mostrar su apoyo a Israel.

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