La Asociación de Internautas (AI) española solicitaba hace unos días a los grupos parlamentarios la "inmediata" retirada del punto 2 del artículo 36 del proyecto de Ley General de Telecomunicaciones que otorga a la Administración General del Estado la potestad para solicitar sin necesidad de mandato judicial a cualquier usuario las claves de cifrado utilizadas para proteger sus informaciones electrónicas por considerarlo contrario a la Constitución.

En declaraciones a Europa Press, el presidente de la AI, Víctor Domingo, afirmó que van a hacer un llamamiento a todas las formaciones políticas en aras de recabar apoyos para promover en las instituciones parlamentarias la retirada de este apartado por considerarlo una "auténtica aberración" democrática que "vulnera" la privacidad de los usuarios de la Red . Un artículo en resumen calificado por la Asociación en su página web (www.internautas.org) de "innecesario, arbitrario y anticonstitucional".

La citada iniciativa parlamentaria apunta en su primer apartado que todas las informaciones que se transmitan por redes de comunicaciones electrónicas podrán ser protegidas mediante procedimiento electrónico: "1. Cualquier tipo de información que se transmita por redes de comunicaciones electrónicas podrá ser protegida mediante procedimientos de cifrado". A este respecto, Domingo expresó su respaldo a tal medida en la medida que valoró dotar de una mayor seguridad a las comunicaciones electrónicas.

En cuanto al polémico punto 2 se introduce como "condición" para el uso del cifrado en las comunicaciones en las que se quiere proteger la confidencialidad de la información, que se pueda "imponer la obligación" de facilitar a la "Administración General del Estado o a un organismo público las claves, los algoritmos o cualquier procedimiento utilizado, incluida la información técnica relativa a los sistemas empleados en aquél, así como la obligación de facilitar sin coste alguno los aparatos de cifra que empleen y la información técnica relativa a los sistemas empleados en el procedimiento de cifrado, a efectos de su control de acuerdo con la normativa vigente".

Domingo criticó de forma "rotunda" esta medida porque supone ceder "la clave, código de cifrado o cualquier elemento" necesario para acceder a una "comunicación privada" que es "confidencial". "Esto rompe con el derecho a la privacidad de cualquier persona, es del todo inconstitucional. Es como si tuviéramos que dar a la administración una copia de las llaves de nuestra casa, la contraseña de nuestra tarjeta de crédito o el acceso a nuestra caja fuerte", aseveró.

En su opinión, este tipo de claves o sistemas de encriptación con los que se protegen la información sólo pueden facilitarse previo "mandato de un juez" movido por una "investigación judicial".

Ante esta situación, Domingo destacó que la asociación no está "dispuesta a admitir" este tipo de controles gubernativos sobre la información y privacidad de los ciudadanos, por lo que --anunció-- promoverán una campaña informativa dentro y fuera de Internet para "evitar" la aprobación de este artículo y que también ha sido apoyada por el capítulo español del Computer Professionals for Social Responsability (CPRS), organización mundial defensora de los derechos digitales que también apoyara la anterior campaña de la AI contra la LSSI.